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La crisis aérea como síntoma de decadencia

(Aniversario de la crisis aérea española de diciembre del 2010)

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En 1957, la novelista y filósofa Ayn Rand presentó a los lectores una novela épica sobre la decadencia de los Estados Unidos (y del mundo) como consecuencia del excesivo intervencionismo gubernamental.

«Si Ayn Rand levantara la cabeza, seguro que reescribiría «La Rebelión de Atlas» basándose en la experiencia del intervencionismo aéreo español y europeo.»

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La Rebelión de Atlas, título que la autora dio a su obra maestra, logró con el paso del tiempo convertirse en el libro más influyente de EEUU después de la Biblia, según una macroencuesta realizada por el Club del Libro del Mes y la Biblioteca del Congreso, y muchos creen que fue uno de los factores culturales determinantes para el cambio político en los años 80 y la llegada de Ronald Reagan al poder.

La trama de esta obra literario-filosófica centra el análisis del declive socioeconómico estadounidense en el sector del ferrocarril. La creciente intromisión estatal en el sector va provocando paso a paso el colapso del principal medio de transporte de la sociedad norteamericana. El creciente poder que el Estado otorga a los sindicatos de trabajadores, las regulaciones de la Comisión de Protección al Consumidor y las intromisiones del Consejo Nacional de Transportes mediante decretos como el Plan de Unificación Ferroviario, terminan deteriorando de tal manera el sector que cualquier conflicto logra paralizar el transporte de toda la nación.

Cuasimonopolio

El caos del sector aéreo que hemos vivido en España guarda un enorme parecido con el colapso de los ferrocarriles en la obra de Ayn Rand. Durante décadas, un colectivo de trabajadores férreamente sindicados ha disfrutado de un cuasimonopolio sobre el control aéreo en España dentro de Aena, a su vez monopolio estatal del sector de la gestión aeroportuaria y de la navegación aérea. En este marco, los controladores han ido consiguiendo con suma facilidad cada vez más privilegios y retribuciones más abultadas de los dos partidos principales.

En un entorno de mercado, los sueldos difícilmente habrían superado la productividad que estos trabajadores aportaban a la sociedad. De otro modo, las empresas habrían entrado en pérdidas o habrían sido desbancadas por la competencia. Sin embargo, lejos del mercado, a los controladores les resultó sencillo elevar desproporcionadamente sus salarios, pasando la factura a los contribuyentes (a través de la agencia pública monopolista) o a los pasajeros (a través de las tasas aeroportuarias), que tampoco pueden escapar al pago de estos peajes monopolísticos debido a la ausencia de competencia en el sector.

Los privilegios de estos trabajadores llegaron al punto de poder controlar indirectamente el acceso a la profesión, creando cuellos de botella con los que facilitar la mejora continua de las condiciones laborales. Como era de esperar, la falta de competencia y los elevadísimos salarios han hecho que la provisión del servicio se volviera bastante ineficiente.

Las aerolíneas llevaban años denunciando esta situación y las consecuencias que podían resultar de este proceso. Sin embargo, los políticos en Bruselas y en España parecían estar más interesados en ganarse a los pasajeros con el establecimiento de infinidad de pseudo derechos que con la introducción de competencia. El pasajero se encontró así con toda una lista de obsequios que las aerolíneas tenían que ofrecerles en el caso de que la fluidez del tráfico aéreo no fuera la programada. De esta manera, fenómenos naturales como la erupción de un volcán o las huelgas (oficiales o de celo) de los controladores tienen un efecto económico sobre sus cuentas mucho más abultado.

El estatismo, el intervencionismo y la demagogia política han puesto al sector en una situación en la que decisiones de una pocas personas o fenómenos meteorológicos puntuales pueden hundir los beneficios y hasta las mismas compañías aéreas. Y todavía la Comisión Europea estudia empeorar las cosas con el establecimiento de un nuevo impuesto sobre el tráfico aéreo para financiar el presupuesto de la Unión Europea.

Si Ayn Rand levantara la cabeza seguro que reescribiría La Rebelión de Atlas, basándose en la experiencia del intervencionismo aéreo español y europeo.

A mediados de este año, el ministro de industria, Pepe Blanco, intentó introducir un poco de racionalidad económica en la actividad de los controladores aéreos mediante la Ley 9/2010, que luego ha rematado mediante la aprobación de un decreto ley en el que se clarifica cómo interpretar y calcular las vagas normas existentes sobre la jornada laboral de los controladores. Los controladores, conscientes del enorme daño que pueden causar a la sociedad gracias a su control sobre el tráfico aéreo y a las normas que imponen costes adicionales sobre las compañías aéreas, optaron por dejar de trabajar, aduciendo problemas médicos, en un claro intento de mantener sus privilegios tomando a toda la sociedad como rehén.

El viernes por la tarde, el espacio aéreo español quedó cerrado provocando enormes costes a la sociedad española. Las compañías aéreas pueden haber perdido algo más de 150 millones de euros mientras que las pérdidas del sector turístico, responsable del 10% del PIB y uno de los pocos que parecía tirar de la economía en medio de la crisis que vive el país, en uno de los puentes más esperados del año porque posibilita compensar parte de las pérdidas operativas de estos meses de invierno en muchos establecimientos, pueden haber alcanzado los 1.000 millones de euros. Y a eso hay que sumarle las pérdidas económicas y de calidad de vida que cientos de miles de ciudadanos y empresas han sufrido ante la imposibilidad de desplazarse este puente como tenían previsto.

Este triste episodio y su provisional resolución militar al más puro estilo de Ronald Reagan debe servir al ministro de industria para acelerar la desnacionalización del control aéreo que ya ha comenzado. Esto no ha sido un pulso de un sector privado de la sociedad contra el estado, como ha sugerido Rubalcaba erróneamente, sino reacción descontrolada de una parte del aparato estatal contra la sociedad cuando sus miembros veían peligrar los privilegios que la clase política les ha concedido durante décadas.

Es parte del declive y la decadencia que vive nuestra sociedad ultraintervenida, tal y como describía Ayn Rand hace 50 años. La economía española no puede estar en manos de las decisiones arbitrarias de políticos y burócratas. Necesitamos que la sociedad civil y el mercado rijan en nuestros cielos con la misma urgencia que en nuestros suelos.

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por Gabriel Calzada, del Instituto Juan de Mariana (actualmente Rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala).

Publicado originalmente en Expansión el 5-dic-2010

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