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Covid-19: no copien a España

España es uno de los países que peor están gestionando la pandemia del Covid-19, y al escribir estas líneas se aproxima a las treinta mil víctimas mortales, según los cuestionables datos gubernamentales. Estos son los factores que lo explican:

  1. España decidió desde el principio seguir el ejemplo de la China equivocada: el de la comunista y no el de la China libre (Taiwán). En vez de hacer universal el acceso a la sanidad privada para todos los españoles mediante medidas como el cheque sanitario, el gobierno obligó a todos a acudir a la sanidad gestionada por el Estado desde el inicio de la crisis. Más tarde, una vez colapsada la sanidad y con los fallecidos apilándose, el Estado tuvo que permitir a la sanidad privada intervenir para ayudar a la pública.

  2. El Estado reaccionó tarde y no hizo las provisiones necesarias para la sanidad española a través de la gestión de sus gobiernos autonómicos. Las autoridades estatales ocultaron a la población el riesgo real de contagio e incluso animaron a la gente a seguir con su vida normal, permitiendo actividades sin distanciamiento social como los conciertos, los eventos políticos, los partidos de fútbol y hasta un centenar de manifestaciones de cientos de miles de personas para la celebración de la fiesta de origen comunista del Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo. Y ello pese a que el gobierno conocía el peligro desde varias semanas antes, ya que varios de sus servicios regionales de salud participaron en una iniciativa europea para crear un protocolo de respuesta conjunto. Incluso hoy, el gobierno español intenta no reconocer el total de muertos por coronavirus reportados por los responsables autonómicos ya que la cifra seguramente subiría de golpe en unas diez mil víctimas mortales más.

  3. A los laboratorios privados se les impidió al principio trabajar con libertad para realizar estudios y tests. Todo debía pasar primero por la autoridad centralizada. Esto es lo opuesto de lo que se hizo, por ejemplo, en Alemania. Se generó así más burocracia impidiendo una respuesta rápida y dinámica a la crisis.

  4. Se declaró el estado de Alarma y con esa excusa se acometió una nacionalización de facto de los servicios de salud, bloqueando así la autonomía de hospitales y clínicas cuando necesitaban mayor flexibilidad para combatir eficazmente el virus. El Estado expropió la producción de productos esenciales y su importación. Mascarillas, trajes, respiradores, geles desinfectantes y antivirales sufrieron grandes retrasos en su distribución, por lo que muchos más sanitarios se infectaron. Hoy tenemos más de treinta mil profesionales del sector salud infectados por el coronavirus.

  5. El gobierno decidió luchar por separado respecto al sector privado y  a la sociedad civil, pese a la ola solidaria y a las actuaciones impecables del sector privado, que nos salvaron allí donde el Estado fallaba una y otra vez. Empresas como Inditex ofrecieron al Gobierno su central en Asia para ayudar en la crisis. En sus fábricas empezaron a producir mascarillas y trajes de protección, y además compraron y distribuyeron de forma gratuita mascarillas y trajes de protección de altísima calidad. Sin embargo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rechazaron su ayuda. Escogieron en cambio pagar decenas de millones de euros a dudosos intermediarios de empresas sospechosas de fraude en el pasado. Finalmente, el Gobierno fue engañado varias veces por productores chinos e intermediarios. Se tuvo que devolver tests deficientes y mascarillas defectuosas ya repartidas, por valor de más de cien millones, aumentando los contagios de profesionales sanitarios.

La pandemia ha propiciado un importante debate público en todo el mundo. Los defensores del hiper-Estado se apresuraron a pedir reformas para la nacionalización de servicios esenciales como la sanidad. A esta amenaza, la respuesta libertaria ha de ser directa y sincera. El Estado del bienestar es en realidad el bienestar del Estado y de quienes lo gestionan. España es definitivamente un ejemplo terrible que no debería copiarse ni para combatir esta pandemia ni para cuidar de nuestra salud cuando vuelva la normalidad.

Los defensores del hiper-Estado se apresuraron a pedir reformas para la nacionalización de servicios esenciales como la sanidad. A esa amenaza, la respuesta libertaria ha de ser directa y sincera. El Estado del bienestar es en realidad el bienestar del Estado y de quienes lo gestionan.

 Hay países con gobiernos de izquierda que intentan poner a España como ejemplo de gestión de la crisis. Parece mentira, dada nuestra cifra de víctimas, pero está sucediendo por ejemplo en Sudáfrica. Los gobiernos que quieran la mejor sanidad para todo el mundo, no deberían copiar a España sino a Suiza o a la República de China (Taiwán), cuya sanidad privada cuenta con acceso universal, como reclamamos los libertarios españoles desde hace muchos años.

La sanidad estatal española no se cuenta entre las mejores del mundo, como se nos repite a todas horas en los medios y en el debate político. Los mejores servicios sanitarios son los independientes de cualquier gobierno.

España se encuentra en el top 25 de los países que dedican un importante porcentaje del PIB al gasto estatal en sanidad. Destinamos el 6.24 % a costearla. Incluso durante la crisis financiera mundial de 2008, los presupuestos públicos contaban con altas partidas de sanidad, que han pasado del 12 % al 15% a lo largo de los últimos años. Sin embargo, los servicios siguen siendo inflexibles, carísimos en comparación con los mismos tratamientos en la sanidad privada y, por encima todo, medicres en cuanto a la atención al paciente.

Quien piense pedirle al Estado que cuide de su salud debería pensar dos veces. No hace falta que el Estado gestione los servicios de salud para garantizar el acceso universal a la sanidad. El Estado malgasta siempre y sus resultados no son mejores. España es la demostración de esta realidad. El aumento del gasto estatal a lo largo de los últimos veinte años debería haberse traducido en instalaciones iguales o mejores que las de la sanidad privada, así como una mejor y más personalizada atención al paciente y a sus familias, similar a la que ofrece la privada. Pero eso no ha pasado. Casi el 50 % del presupuesto se destina a sueldos, según el propio ministerio. El resto se gasta en los medicamentos compensados, que sólo los médicos de la sanidad estatal pueden recetar —una dolorosa injusticia para los pacientes de la sanidad privada—, y otra parte se gasta en suministros médicos y generales, habitualmente inflados en su coste. Los sobrecostes excesivos no son algo nuevo ni debido a la crisis del coronavirus. Ya existían. Hemos tenido casos como la compra de toneladas de aceite para las cantinas de los hospitales a un precio siete veces superior al de mercado. Esto ocurre porque los gestores estatales no son responsables. No deben rendir cuentas ante accionistas, pacientes-clientes, inversores, competidores u opinión pública.

En España hay una doble moral. Tenemos alrededor de dos millones de personas entre políticos, líderes sindicales y más del 80 % de los funcionarios que eligen los servicios de la sanidad privada. Los funcionarios son los únicos que pueden elegir si pagan a la Seguridad Social para acceder al sistema estatal o para elegir la sanidad privada. Este agravio comparativo al resto de ciudadanos es una insoportable injusticia.

Independientemente de estos dos millones de privilegiados, el país también cuenta con alrededor de ocho millones de personas que escogemos la privada mediante seguros de salud. Sin embargo, debemos pagar doblemente porque el Estado nos obliga a pagar también la sanidad estatal pese a no utilizarla, y no nos deja desgravarnos las facturas del seguro privado ni las emitidas por médicos o clínicas.

Incluso quienes desde el gobierno de izquierda y extrema izquierda piden la nacionalización de la sanidad, llegado el momento de elegir para sí mismos, suelen acudir a la privada porque saben que sus servicios son mejores que los que gestiona el Estado. Una gestión profesionalizada, no politizada ni ideológizada, obtiene la mejor calidad al menor precio.

En España, las listas de espera de la sanidad estatal rondan ya los setencientos mil pacientes, y su espera media es de unos ciento quince días para las especialidades, frente a treinta días en la privada. Pagamos tan cara la sanidad estatal que cada español debe pagar en impuestos, cada año, cerca de mil setecientos euros aun cuando no use el servicio. Un buen seguro privado, con cobertura total, sale por unos mil doscientos euros anuales. Casi todo el mundo se lo puede permitir, y el cheque sanitario pagaría por los que no.

En cualquier sociedad, las relaciones humanas dependen de la idea del intercambio. Intercambiamos bienes, servicios e información para obtener lo que cada uno desea o necesita para mejorar su existencia.

El mismo principio es de aplicación cuando adquirimos nuestra comida, por ejemplo, y lo mismo debería aplicarse a nuestra atención sanitaria. ¿Por qué la sanidad privada es superior a la estatal? Porque sirve mejor al interés del público. Los pacientes que reciben tratamiento están satisfechos con los servicios prestados por lo que pagan. Y si no están satisfechos, siempre pueden cambiar de hospital, médico o seguro. Sin embargo, si sólo tienes una opción, la estatal, no tienes escapatoria.

En lugar de obligar a todo el mundo a usar un sistema estatal claramente deficiente, ¿por qué no impulsamos aquellas reformas que garanticen el acceso universal de la gente a los mejores servicios sanitarios, como el cheque sanitario para las personas que carezcan de recursos para costearse los apenas cien euros al mes de un seguro privado? Si países como Taiwán o Suiza lo hicieron y toda su población tiene acceso a servicios independientes del Estado, a la sanidad privada, deberíamos copiarles nosotros en vez de ser modelo para otros desdichados países con gobiernos estatistas.

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por Roxana Nicula, Presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad.

Publicado inicialmente en el primer número de la revista AVANCE de la Libertad, de junio de 2020.

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