Eliminemos el paro eliminando el salario mínimo (entre otras cosas)

El principal objetivo explícitamente declarado por el Sr. Rajoy y su partido al hacerse cargo de la política española es “luchar contra el paro”. En principio ese objetivo no parece tener mucho sentido, pues “paro” (o desempleo) es un concepto, un concepto que indica la situación laboral de una persona o un grupo de personas. Luchar contra un concepto como tal es absurdo, como demuestran los precedentes históricos que no condujeron a nada, como la “lucha” contra la inflación (¿recuerdas al “enemigo público número 1”?), o contra la droga.

Pero entendámoslo como una forma de expresarse, su objetivo siendo una “lucha” contra el hecho de que hay mucha gente sin trabajo en España, y más concretamente el compromiso de mejorar una situación muy seria e indeseable: el hecho de que unos 5 millones de individuos no están trabajando (es decir, no están produciendo los bienes y servicios necesarios para sustentar sus vidas).

Tenemos una sugerencia concreta para cambiar esa situación, y la exponemos aquí. No es la única, pero por sí sola reduciría en un alto porcentaje el desempleo actual. La sugerencia es: eliminar el salario mínimo.

El salario mínimo es un valor por debajo del cual ningún individuo, empresa o entidad (llamémosle “patrón”) puede legalmente contratar a otro individuo (llamémosle “empleado”). En estos momentos, en España ese valor es aproximadamente 750€ al mes (incluyendo pagas extra). Contratar o ser contratado por debajo de ese valor es ilegal.

El prohibir que patrón y empleado se pongan de acuerdo por un valor menor al salario mínimo está basado en una doble noción: a) sería deseable que todo trabajador ganase por lo menos ese valor; y b) si no se estableciera un mínimo, podrían llegarse a pagar salarios mucho más bajos, lo que sería una explotación de los más débiles. Esa doble (y “noble”) noción es doblemente falsa.

El que nadie gane menos de un valor “X” puede ser “deseable” para algunos, pero ese “deseo” no es algo que se consiga por la fuerza. Claro que sería “deseable” que todos los españoles ganaran un mínimo de 750€ al mes; ¿y por qué no 1.000? ¿o 5.000? ¿No sería eso más deseable aún? ¿No sería “deseable” que todos los españoles tuvieran plena salud física y mental, que comieran de forma sana e hicieran ejercicio diario? ¿No sería “deseable” que cada ciudadano trabajara menos y ganara más? ¿Que cada uno fuera dueño de una casa propia, con jardín, piscina, garaje, jardinero y cocinera, y que pudiera irse de vacaciones a Disney una vez por año? ¿No sería “deseable”? Y ¿por qué 750€ y no 700€? ¿O 650€? No hay argumento para determinar lo que es “deseable” ni un valor concreto para ello, más que la decisión arbitraria de un grupo de políticos imponiéndoles su decisión a otros por la fuerza.

La segunda parte de la supuesta justificación del salario mínimo es que el fuerte explotaría al débil, y el débil tiene que ser protegido. Pero analicemos eso: si un posible patrón puede justificar contratar a un empleado por 700€, y un posible empleado está encantado de trabajar por 700€ – si ambos y cada uno deciden que es en su propio interés realizar esa transacción, si llegan a la conclusión que se beneficiarían por ello – hoy día están prohibidos de hacerlo. Los detalles son irrelevantes: puede que el patrón quiera a alguien sólo para que le vigile la tienda y le dé de comer al perro, y no tenga cómo pagar más; puede que el empleado viva con su madre, esté estudiando y le interese ganarse un sueldo adicional, y no le importe dejar de ganar más. Da igual qué contexto o razones tengan, son ellos quienes deciden voluntariamente hacer esa transacción; o mejor dicho son ellos quienes “decidirían” hacer esa transacción si pudieran, si la ley no se lo prohibiera.

El resultado actual es: el patrón se queda sin recibir un servicio (al precio que puede pagar), y el empleado se queda sin un trabajo que aceptaría de buena gana al precio de mercado. O sea, el empleado está impedido, prohibido de trabajar. Está desempleado. ¿Cuál es la causa de que no tenga trabajo? No es la “crisis” mundial, no es la “falta de incentivos” que tiene el patrón a contratarle. Es una ley, una ley absurda, irracional e inmoral la que se lo impide. Resultado: el patrón (el posible contratador) no puede adquirir un servicio que él considera necesario para administrar su empresa (su proyecto productivo), y el empleado (el posible contratado) no puede obtener ingresos, a él no se le permite trabajar para ganarse la vida. Si el patrón no tiene a nadie que le vigile la tienda, tal vez tenga que reducir las horas de apertura, decidir llevar menos inventario, o cerrarla completamente y dedicarse a otra cosa; si el empleado no tiene ingresos, tendrá que vivir a costa de otros, sufrir, pasar hambre – o robar. Ambos individuos han sido seriamente perjudicados por la intervención del gobierno, por una institución cuya única misión y razón de ser es proteger los derechos individuales, o sea: el derecho de cada individuo a su propia vida, el derecho a actuar para ganarse la vida.

¿Estás empezando a ver la destrucción causada por la ley del salario mínimo?

Si estás pensando: “OK, pasar de 750 a 700 está bien. Pero debe haber un límite; no podemos permitir que alguien pague salarios ridículamente bajos”, piensa de nuevo, porque no es una forma de pensar válida. En primer lugar, el ejercicio que hemos hecho entre 750 y 700 puede hacerse entre cualquier valor menor, entre 700 y 650, o entre 200 y 150. ¿Quién determina el valor del trabajo de alguien? En parte es el empleado, quien decide que no está dispuesto a trabajar por menos de “X”; y en parte es el patrón, quien decide que no está dispuesto a pagar más de “Y”. Exactamente igual que cualquier otro bien o servicio intercambiado en una sociedad libre. Cuando vas a comprar tomates y el tendero te dice que valen 5€ por kilo, tú decides, voluntariamente, si los compras o no. Si la compraventa se realiza es porque tú te beneficias y el tendero también, porque “X = Y”, porque ambas partes salen ganando, sin que ninguna de ellas esté obligada a hacer la transacción y sin que nadie de fuera se lo prohiba.

En ese sentido, el establecer un salario mínimo legal es exactamente igual a que el gobierno diga: “OK, es deseable que un kilo de tomates se pague a 5€, eso le dará al tendero unos ingresos razonables, una vida digna, podrá alimentar a su familia, etc. etc., así que fijemos el valor legal del precio mínimo de un kilo de tomates en 5€. Quien quiera comprar o vender tomates por menos de ese precio estará prohibido de hacerlo, por ley, y será penalizado”. ¿Qué pasaría? Lo equivalente a lo que está pasando ahora con el empleo. El tendero se quedaría sin vender sus productos, y el cliente se quedaría sin comer tomates; uno no podría administrar su negocio, el otro pasaría hambre.

¿Y qué protección tiene un empleado para que un patrón “malévolo” no le pague menos de lo que él (el empleado) cree que vale? Muy sencillo: no hacer la transacción (i.e.: no vender los tomates a ese precio). Si alguien quiere contratar a otro por 100€ al mes, nadie le obliga a ese otro a aceptar ese empleo. ¿Y si el empleado no tiene otra opción? Si no tiene otra opción, si realmente su opción es ganar 0€ al mes o ganar 100€, él decidirá libremente cuál de ellas elegir; y si cree que no es ninguna de ellas, si cree el valor de su trabajo es 1000€, entonces tendrá que buscar a algún patrón que lo aprecie y esté dispuesto, voluntariamente, a pagarle lo que pide. Y, desde luego, un empleado no está condenado a ser empleado el resto de su vida; siempre puede convertirse en patrón, nada se lo impide, y como patrón seguirá siendo libre de contratar a todos los empleados que quiera y pagarles los valores que él crea que debe pagarles, sin límite – 1.000, 5.000, 10.000€ al mes – o 700€.

Hay otro aspecto que considerar. El salario mínimo supuestamente “protege” al trabajador, al empleado. Pero ¿y el patrón? ¿No tiene derecho él a ser “protegido” también? ¿No es el patrón tan ciudadano de este país como el empleado? ¿No vive en un país donde la Constitución le garantiza una igualdad ante la ley? Si hay pocos empleados donde escoger y el patrón los necesita, un patrón puede encontrarse en una situación “abusiva” por parte de esos empleados, por alguien que quiere cobrar, no 700 ni 1.000€ al mes, sino 7.000€ – o 70.000 – por su trabajo. Y si el patrón no tiene otra opción y tiene que pagar ese valor, ¿no se están infringiendo sus derechos? ¿No habría que determinar también un salario “máximo”? Traducido a tomates: Hay que limitar el precio al que el tendero puede venderlos – para que no abuse del cliente – así que pongamos un precio legal de 5€ por kilo; pero para proteger al tendero de clientes abusivos que ofrezcan cantidades ridículas (como 0.10€ por kilo), también habrá que limitar el precio al que se pueden comprar, ¿no es así?… (Da igual que los tomates se estén pudriendo, no podemos permitir que nadie “abuse” del tendero). Resultado: el gobierno deberá establecer tanto precios mínimos como máximos, un rango fuera del cual será ilegal hacer una transacción. O sea, el gobierno determinará – por decreto – el precio al que los bienes y servicios de la economía son intercambiados. Hemos visto esa película antes, y los resultados a los que conduce.

[Dado el deplorable estado de la filosofía actual – que en parte hace que la mayoría de la gente no piense en términos de conceptos abstractos, sino en forma limitada por ejemplos concretos – aclaremos, por si alguien está confuso al llegar a este punto, que al hablar de tomates estamos sólo concretizando un principio, y que el mismo principio se aplicaría a patatas, a zapatos, a coches, a alquileres, a servicios de limpieza o de peluquería – y a salarios.]

Está claro que tan absurdos son los argumentos para establecer un salario “mínimo” como para establecer un salario “máximo”. Lo que hace la ley es usurpar el derecho que tienen las personas a comerciar entre sí, el derecho de cada individuo a decidir libremente si quiere o no hacer negocio con otro, y en qué condiciones. Esa restricción arbitraria impuesta por la fuerza es la causa del paro.

El salario mínimo no es una protección para el empleado ni para el patrón; al contrario, es un abuso para ambos. Es un abuso de poder, una coerción contra la libertad individual de ambos. Es el Estado iniciando el uso de la fuerza, una fuerza que debería usar solamente como represalia, y sólo contra aquel que violase los derechos de otro (o le defraudase).

Si el Sr. Rajoy quiere ser un héroe, si el Partido Popular realmente quiere eliminar las causas del paro, pueden empezar por una de ellas: derogar la absurda ley del salario mínimo. Es verdad que tendrán que ir contra corriente, que tendrán que enfrentar una fuerte oposición, que tendrán que explicar, educar y convencer; pero los hechos y la lógica deben triunfar, porque de ese tipo de decisiones depende que millones sigan desempleados o que consigan trabajar para sustentarse. Si lo consiguen, la actividad económica se reactivará, la producción y la inversión crecerán, el empleo y los salarios aumentarán, la bolsa se disparará, el círculo vicioso de la crisis se acabará. Ese tipo de decisiones es lo que la economía necesita — lo que el país necesita — y lo que mostrará la diferencia entre prosperidad y pobreza.

La lucha no es contra el paro, ni la inflación, ni la droga, sino contra las destructivas políticas gubernamentales que causan esos problemas. Contra lo que hay que luchar es el intervencionismo del estado que viola la libertad y los derechos individuales de sus ciudadanos. La indignación del pueblo debería ir dirigida, no contra banqueros, capitalistas o patrones, sino contra políticos que usan la fuerza para impedirles a sus ciudadanos – sean empleadores o empleados – actuar para sobrevivir.

El resultado de eliminar el salario mínimo no será ver a millones de personas muertas de hambre por las calles, sino todo lo contrario: ver a millones de personas a las que se les ha devuelto la posibilidad de ganarse la vida.

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por Domingo García, Presidente de Objetivismo Internacional