Cómo se financiaría el gobierno en una sociedad libre

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***Cómo se financiaría el gobierno en una sociedad libre***

Los defensores de una sociedad totalmente libre – laissez-faire – probablemente estén familiarizados con el siguiente escenario: Le das a alguien una explicación muy clara y concreta de qué es el capitalismo, y por qué es moral, sólo para acabar recibiendo una pregunta que aparentemente echa por tierra todo lo que acabas de decir: “Pero si la fuerza física fuese legalmente prohibida, entonces no habría impuestos; así que, ¿cómo se financiaría un gobierno dedicado a proteger los derechos?” La implicación es: Una sociedad verdaderamente libre puede sonar muy bien en teoría, pero es imposible en la práctica.

Al abordar esta cuestión, es importante destacar que la eliminación de los impuestos no es el primero, sino el último paso en el camino hacia una sociedad que respete plenamente los derechos humanos.(1) Los primeros pasos son educar a la gente sobre la justificación moral de la libertad, reducir el gasto del gobierno en programas ilegítimos, y comenzar el proceso de limitar el gobierno a la protección de los derechos. Pero, en esto como en todas partes, lo moral es lo práctico, y quienes abogamos por una sociedad que respete los derechos haríamos bien en comprender – y en ser capaces de explicar – cómo se financiaría el gobierno en una sociedad así.

Empecemos resumiendo la naturaleza del gobierno, por qué lo necesitamos, y cuáles son sus funciones y sus elementos legítimos. Luego abordaremos la cuestión de cómo financiarlo.

Naturaleza, necesidad, y funciones propias de un gobierno

El gobierno es una institución con un monopolio en el uso de la fuerza física en un área geográfica determinada. El gobierno puede usar la fuerza legalmente, y nadie más puede hacerlo, a menos que el gobierno lo permita. Un gobierno elabora leyes, las hace cumplir, y castiga a quienes las violan. Eso es cierto para todos los gobiernos, sean apropiados (válidos) o no.

Un gobierno apropiado es el que protege los derechos al prohibir la fuerza física en las relaciones sociales, y al usar la fuerza sólo como represalia y sólo contra quienes inician su uso.(2) Un gobierno apropiado prohibe asesinato, violación, asalto, fraude, extorsión, y cosas de ese tipo; procesa a quienes tiene razones para creer que han cometido delitos; castiga a quienes han sido hallados culpables de cometer delitos o crímenes; protege a los ciudadanos de agresores extranjeros; y resuelve las disputas relacionadas con los derechos entre los ciudadanos.

¿Por qué necesitamos una institución así? ¿Por qué no podemos prescindir del gobierno? La respuesta, en resumen, es que no podemos vivir y prosperar si constantemente tenemos que preocuparnos de poder ser atacados por delincuentes, ser atacados por agresores extranjeros, o de pelearnos a golpes con nuestros conciudadanos. Vamos a elaborar brevemente cada uno de estos puntos.(3)

  1. Algunas personas no respetan los derechos y usarán la fuerza para conseguir lo que quieren.

Piensa en Ted Bundy, Bernie Madoff, Bill Ayers, la Mafia, el Ku Klux Klan, y gente así. Si queremos tener vidas pacíficas, productivas y felices, pelearnos constantemente con esos matones no es forma de hacerlo. Al delegar en un gobierno la tarea de usar la fuerza de represalia contra quienes inician la fuerza, podemos dedicarnos a vivir y a amar nuestras vidas, que es lo que moralmente deberíamos hacer. En ausencia de un gobierno, estaríamos constantemente agobiados con el problema de protegernos de depredadores y nihilistas, cuyas bandas deambularían por las ciudades y por los campos tratando de violar, depredar y saquear; y tendríamos que formar milicias o nuestras propias pandillas de vigilantes para proteger nuestras vidas, nuestras propiedades, nuestros seres queridos.

Un gobierno que protege los derechos resuelve ese problema al darnos leyes (leyes que protegen los derechos), policía, tribunales y prisiones.

  1. Los agresores extranjeros, los regímenes deshonestos, y los grupos terroristas pueden y tratan de coaccionarnos o matarnos.

Piensa en regímenes asesinos en Irán, Arabia Saudita y Corea del Norte; y en grupos terroristas como AlQaeda, Hamas y Hezbollah. Cuando grupos teocráticos, fascistas, socialistas, o regímenes malvados de algún tipo amenazan nuestras vidas o nuestras libertades, necesitamos un medio de poder eliminar esas amenazas. Un gobierno protector de derechos, equipado con un ejército capaz, cumple esa misión. Sin un gobierno así, tendríamos que defendernos de los agresores extranjeros nosotros mismos, lo que nos obligaría a formar milicias y pandillas, las cuales, a su vez, añadiría un problema aún mayor por las amenazas que esas pandillas, sin el freno de un gobierno legalizado, crearían para nuestros derechos.

Un gobierno protector de derechos resuelve ese problema al proporcionar un ejército controlado objetivamente, y cuya función se limita a lidiar con agresores extranjeros.

  1. Las disputas de derechos pueden surgir y de hecho surgen entre personas racionales, honestas,y que respetan los derechos.

Las personas buenas pueden a veces no estar de acuerdo en temas como contratos comerciales o matrimoniales, líneas de propiedad, derechos de paso, suministros de agua, y muchos otros asuntos relacionados con sus derechos, y hay veces que son incapaces de resolver esas disputas entre ellas mismas. Sin un gobierno con leyes objetivamente definidas y con tribunales imparciales, esas disputas podrían llegar a ser violentas (y de hecho llegarían a serlo).

Un gobierno protector de derechos resuelve ese problema al proporcionar un medio objetivo de adjudicación.

En resumen, un gobierno dedicado a la protección de derechos nos permite vivir en relativa seguridad frente a delincuentes y agresores extranjeros, y nos permite resolver pacíficamente las disputas relativas a derechos.

¿Cuál sería el tamaño de tal gobierno? ¿Y en qué consistiría?

Un gobierno que protege los derechos incluiría sólo la policía, los tribunales, el ejército, y cualquier otra rama o subdivisión auxiliar necesaria para poder ejercer su función apropiada (4), como por ejemplo una legislatura que crease leyes para proteger los derechos, un departamento de presupuestos para determinar cuánto dinero necesita el gobierno y emitir informes financieros, y una tesorería para recibir y asignar fondos. No habría programas de “derecho” (subsidios como asistencia gubernamental para cuidados de salud, hospitales, Seguridad Social, etc.), ni habría Ministerio de Educación, ni escuelas públicas, ni Agencia de Protección Ambiental, ni Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, ni Administración de Alimentos y Drogas, ni Corporación Federal de Seguros de Depósitos, ni División Antimonopolio, ni Delegación de Hacienda, ni nada parecido [algunos de ellos son ejemplos en USA, pero todos tienen su equivalente en otros países]. En resumen, no habría programas ni ministerios ni departamentos ni agencias que de alguna forma iniciasen la fuerza contra individuos o contra negocios. En consecuencia, el tamaño de un gobierno protector de derechos sería una pequeña fracción de lo que el gobierno de Estados Unidos (o de cualquier otro país) es hoy.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos comenzar a responder a la pregunta: ¿cómo se financiaría un gobierno adecuadamente limitado?

Financiamiento del gobierno en una sociedad que respeta los derechos

Hay amplia evidencia indicando que tanto individuos como empresas apoyarían voluntariamente a un gobierno protector de derechos, simplemente por el hecho de que esos individuos y esas empresas valoran sus vidas, sus libertades, sus propiedades y la búsqueda de su felicidad. Para ver la evidencia, primero hay que considerar algunos bienes y servicios por los que las personas están dispuestas a pagar hoy día.

Las personas compran voluntariamente seguros para sus inmuebles, seguros para inquilinos, seguros para automóviles, seguros contra inundaciones, seguros de salud, seguros de vida, y hasta seguros para mascotas. Las personas también compran sistemas de seguridad y detectores de incendios, contratan guardaespaldas, pagan para que ellas mismas y sus hijos tomen clases de defensa personal, compran armas de fuego, etc. Asímismo, empresarios y empresas compran seguros de responsabilidad civil, seguros para directores y ejecutivos, seguros para sus empleados clave, y otros seguros parecidos. También compran sistemas de seguridad extremadamente sofisticados; contratan guardias de seguridad; emplean abogados, bufetes de abogados, y árbitros; y pagan por innumerables otras precauciones que les permiten seguir haciendo negocio, mantener su propiedad, y ganar más dinero.

¿Por qué están dispuestas esas personas y esas empresas a pagar por tales cosas? Porque valoran sus vidas, valoran sus hogares, valoran sus propiedades, su salud, sus seres queridos, sus negocios, sus empleados, sus ganancias, su felicidad. Por lo tanto, las personas racionales también valorarían la condición política de la que dependiera el que pudieran perseguir y proteger todos esos valores, a saber: la libertad.

Valorar algo es, como señaló Ayn Rand, actuar para conseguirlo o mantenerlo.(6)

La pregunta: “¿Pagarán voluntariamente las personas para apoyar a un gobierno que proteja los derechos?” es la pregunta: “¿Valoran las personas la protección de sus derechos a la vida, la libertad, la propiedad, y la búsqueda de la felicidad?”. Dado que las personas pagan para aumentar su seguridad general, las personas racionales pagarían voluntariamente para establecer y mantener su seguridad general. . . si no estuviese ya cubierta. Si no se les obligase a pagar por un gobierno, las personas racionales pagarían para establecer y mantener un gobierno que protegiese los derechos, porque ese gobierno es el que les permitiría perseguir sus valores sin trabas, y disfrutar de todos ellos.

¿Quién tiene más que perder si no hay policía, ni tribunales, ni militares? Los ricos, por lo menos en cuanto a propiedad. Por definición, ellos son quienes tienen más cosas. Y la mayoría de las personas ricas se hicieron ricas porque son inteligentes, progresistas y trabajadoras. Esas personas generalmente no tienen problema para entender el valor que tiene para ellas proteger sus propiedades y garantizar su libertad. Ellas no quieren perder esa riqueza que tanto les ha costado ganar, ni sus lujosos estilos de vida. No quieren estar a merced de matones, pandillas, regímenes deshonestos, o grupos terroristas. Y tampoco quieren verse metidos en acaloradas disputas sin medios pacíficos para que puedan ser dirimidas. Si las personas ricas no fuesen forzadas a pagar por un gobierno que protege sus derechos en algunos aspectos y que viola sus derechos en otros aspectos, por regla general apoyarían encantadas a un gobierno que simplemente protegiese sus derechos.

Y los ricos no serían los únicos en apoyar a un gobierno así. Cualquier persona racional y capaz, aunque tuviese menos recursos, lo apoyaría también. Al ser un gobierno protector de derechos un requisito de una sociedad civilizada – de una sociedad en la que las personas viven como seres humanos, en vez de como amos y esclavos – las personas que quieren vivir como seres humanos civilizados contribuirían voluntariamente, en su mayoría, a apoyar a un gobierno de ese tipo, siempre que – recordemos – no sean forzados a apoyar a algún otro tipo de gobierno.

Es cierto, no todas las personas lo harían. Siempre habrá personas que se nieguen a reconocer que el gobierno es necesario para una sociedad civilizada, igual que siempre habrá personas que se nieguen a reconocer que el socialismo y la teocracia son malvados, y que el crack y la heroína son malos para la salud. Pero la existencia de tales personas no altera el hecho de que las personas racionales reconocerán la necesidad de un gobierno protector de derechos. Dada la opción de apoyar voluntariamente a un gobierno protector de derechos, o sufrir las consecuencias de la anarquía o algo peor, muchas personas – probablemente la mayoría – tomarían la decisión racional.

Gorrones

En cuanto al llamado problema de los gorrones (es decir, los que no apoyarían financieramente al gobierno, y por lo tanto “viajarían gratis, de gorra”), eso no es realmente un problema. Para empezar, observemos que hay dos tipos de gorrones: los racionales y los irracionales, o sea, los morales y los inmorales. Veamos cada uno de ellos.

Una persona que no apoya financieramente al gobierno no es necesariamente irracional ni inmoral. La pregunta es: ¿por qué no apoya al gobierno? ¿Es la persona en cuestión un estudiante que está luchando por abrirse camino en la universidad? Si es así, no tiene nada de malo el que se abstenga de apoyar al gobierno hasta que se gradúe y empiece a ganar suficiente dinero para contribuir. ¿Es la persona en cuestión alguien cuyas capacidades son tales que, aunque haga todo lo humanamente posible, apenas puede cubrir sus propios gastos básicos de subsistencia? Si es así, sería moralmente errado que le enviase dinero al gobierno, porque enviar ese dinero constituiría un sacrificio. ¿Está la persona en cuestión iniciando un negocio que todavía está en números rojos? Si es así, y dependiendo del contexto de su situación financiera, puede que sea un sacrificio enviarle dinero al gobierno en ese momento. Etcétera. La gente que está en esas circunstancias puede “viajar gratis”, por así decirlo, pero no hay nada intrínsecamente malo en que actúen de esa forma.

En cuanto a quienes sí pueden permitirse – sin estar sacrificándose – apoyar a un gobierno protector de derechos, pero deciden no hacerlo, usando pseudo-argumentos como: “No necesito contribuir, porque todos vosotros, los bobos, contribuiréis, y yo tendré mis derechos protegidos gratis”, hay que tener en cuenta dos hechos importantes.

Primero, aunque el gorrón que ignora conexiones causales obvias y el principio básico de justicia que pudo haber aprendido en La Cigarra y la Hormiga sea irracional, el que se niegue a contribuir no viola los derechos de nadie. Mientras no se le fuerce a nadie a contribuir al gobierno (y ese es el contexto que estamos asumiendo aquí), no se violan los derechos de nadie si algún otro se niega a contribuir.

Segundo, los que deciden apoyar a un gobierno protector de derechos no están sacrificándose al proteger indirectamente los derechos de los gorrones, siempre y cuando el valor que esos contribuyentes reciben – es decir, la protección de sus propios derechos más todos los beneficios que emanan de una sociedad que respeta los derechos – sea de igual o mayor valor para ellos que los fondos que aportan.

En resumen, en una sociedad libre, la existencia de gorrones no es un problema porque (a) nadie está obligado a apoyarlos, y (b) todo aquel que sin sacrificarse apoya a un gobierno protector de derechos está actuando en beneficio propio.
Dicho eso, a los gorrones irracionales no les iría muy bien en una sociedad libre. Las personas racionales generalmente desprecian a las personas irracionales. La gente racional los rechazaría y los excluiría (¿los invitarías  a cenar?), y el mercado sería igualmente justo. Los empresarios racionales generalmente prefieren hacer negocios con personas racionales. Prefieren asociarse, negociar, comerciar, jugar al golf con gente racional, contratar y promover a personas que piensan con lógica, que adoptan principios racionales y que actúan en consecuencia. Si tienen opción, los empresarios racionales normalmente optarán por no hacer negocios con empresarios irracionales.

Sobre este último punto, un simple mecanismo inherente a un sistema de contribuciones voluntarias al gobierno haría que la gorronería a gran escala fuese especialmente costosa para quienes la intentan. Ese mecanismo es un recibo por fondos aportados.

Recibos de Apoyo al Gobierno

Bajo un sistema de financiamiento voluntario, el departamento de presupuesto del gobierno emitiría periódicamente (quizás anualmente) informes indicando cuánto dinero necesita el gobierno para financiar sus funciones adecuadas. Los particulares y las agencias de control examinarían esas cifras en gran detalle y ofrecerían sus propios informes y análisis relacionados, como hacen hoy cada vez que el gobierno hace un presupuesto.

Después de leer los informes y los análisis, los individuos, las instituciones y las empresas analizarían los números, harían los cálculos necesarios, y determinarían, en el contexto general, cuánto dinero cada uno de ellos cree que razonablemente debe aportar. Criterios socialmente aceptables probablemente surgirían, pero individuos y empresas serían libres de cumplirlas o ignorarlas. Cada uno sería libre de actuar de acuerdo con su propio juicio, sus propios valores y su propio contexto. Por ejemplo, alguien que apenas usa el sistema judicial puede decidir que sus contribuciones deben reflejar este hecho. Una gran empresa que utiliza el sistema judicial en gran escala y con regularidad podría ajustar sus contribuciones de acuerdo con eso. Cada uno decidiría por sí mismo si contribuir o no, y, si lo hiciera, con cuánto.

Cuando una persona, empresa o institución contribuye fondos al gobierno, el gobierno emite un recibo: llamémoslo un Recibo de Apoyo al Gobierno (RAG).(8)

Los RAGs tendrían un gran valor en el mercado. Quienes los tuviesen podrían demostrar que apoyan financieramente a un gobierno protector de derechos y, por lo tanto, a una sociedad civilizada. Los que no tuviesen RAGs no podrían mostrar tal evidencia. Piensa en lo que eso significaría.

Supongamos que McDonald’s quiere cerrar un contrato a largo plazo con un proveedor de carne. ¿Le importaría a McDonald´s que el proveedor fuese una empresa que contribuye a un gobierno protector de derechos? ¿Le importaría a McDonald´s si el proveedor contribuyó una cantidad de dinero contextualmente razonable para garantizar la continuación del estado de derecho, de la sociedad civilizada, y de la protección de los contratos? El dinero inteligente dice que a McDonald’s sí le importaría, y que, dada la existencia de proveedores alternativos, la empresa elegiría trabajar con un proveedor que no fuese un gorrón. (McDonald’s incluso podría añadir una cláusula en sus contratos estipulando que sus proveedores deben contribuir con un determinado porcentaje de sus ventas anuales para apoyar al gobierno protector de derechos). Pero aunque a McDonald’s no le importase, y prefiriese seguir haciendo negocios con el proveedor gorrón, McDonald’s tendría el problema de que a muchos de sus clientes o posibles clientes sí les importaría; y que Burger King, Wendy’s, Carl’s y otras cadenas similares podrían ver un ángulo publicitario dorado y patriótico en esa situación. Ejemplos similares pueden extenderse ilimitadamente.

En una sociedad libre, las grandes corporaciones generalmente verían un gran valor no sólo en tener RAGs, sino también en tener RAGs muy grandes, y en dar a conocer ese hecho. El patriotismo racional vende.(9)

Los RAGs probablemente no serían considerados para transacciones pequeñas; por ejemplo, cuando alguien compra un café en Starbucks. Pero ciertamente entrarían en juego en muchas transacciones corporativas importantes, y podrían llegar a afectar a transacciones menores, como contratos de trabajo, contratos de alquiler de vacaciones, y cosas por el estilo.

A las personas racionales y los empresarios racionales les preocupa la protección de los derechos y, en general, actúan de acuerdo con esa preocupación, tanto en sus vidas privadas como en el mercado. En una sociedad totalmente libre, habría una gran demanda de RAGs, y los gorrones irracionales descubrirían que “viajar gratis” les costaría mucho más que les costaría apoyar al gobierno.

Conclusión

Las cantidades de dinero que individuos y corporaciones necesitarían contribuir para apoyar a un gobierno protector de derechos apropiado serían tan pequeñas (sobre todo si las comparamos con lo que están obligados a pagar hoy en impuestos) – y el costo de ser un gorrón irracional sería tan alto – que pocas personas o empresas serían tan irracionales como para calcular mal. Algunos lo harían. Pero su irracionalidad realmente no sería un problema para nadie más que para ellos mismos.

Es una contradicción pensar que aunque las personas valoran sus vidas, sus hogares, su salud, su seguridad, sus hijos, etc., lo suficiente como para pagar por aumentar la seguridad y la protección de esas cosas, y que sin embargo no decidirían ayudar a financiar al tipo de gobierno que hace posible la seguridad general y la protección de todos esos valores. Aunque algunas personas se aferren tenazmente a esa contradicción, la contradicción sigue siendo una contradicción.

Si las personas no fuesen forzadas a apoyar a un gobierno, las personas racionales contribuirían voluntariamente a apoyar a un gobierno protector de derechos. La evidencia que apoya ese hecho – la evidencia en forma de los tipos de observaciones e integraciones presentadas arriba – es enorme.

En vista a lo anterior, podemos ver que el último paso hacia una sociedad totalmente libre y respetuosa de los derechos es algo fácil. Así que redoblemos nuestros esfuerzos en los primeros pasos, que son los más difíciles. Aumentemos nuestros esfuerzos educando a las personas, reduciendo el gasto público, y limitando el gobierno a la protección de derechos. Y hagamos que esos esfuerzos sean tanto una cuestión de orgullo personal como de patriotismo racional.

Notas

(1) Ver Ayn Rand, “Financiamiento del gobierno en una sociedad libre”, en La virtud del egoísmo (Nueva York: Signet, 1964), p. 137.

(2) Ver Ayn Rand, “¿Qué es capitalismo?” En Capitalismo: El Ideal Desconocido (Nueva York: Signet, 1967), p. 19.

(3) Este no es un argumento completo de por qué necesitamos un gobierno, sino más bien un breve resumen para el objetivo de este escrito. Para ver argumentos completos sobre la naturaleza y la necesidad del gobierno, ver el ensayo de Ayn Rand “La naturaleza del gobierno”, en La virtud del egoísmo; y mi libro Loving Life: The Morality of Self-Interest and the Facts that Support It (Richmond: Glen Allen Press, 2002), especialmente el capítulo 7, “A Civilized Society: The Necessary Conditions”.

(4) Ver Ayn Rand, “La naturaleza del gobierno”, en La virtud del egoísmo, p. 131.

(5) En su ensayo “Financiamiento del gobierno en una sociedad libre”, Ayn Rand sugiere dos posibles medios por los cuales se podría financiar un gobierno: (1) El gobierno podría realizar una lotería y (2) el gobierno podría cobrar una tarifa para asegurar contratos. Esos enfoques generarían ingresos, pero el primero supondría la participación del gobierno en la economía, lo cual no es ideal; y el segundo dejaría sin recursos a quienes decidiesen no asegurar sus contratos a través del gobierno, en el caso de una disputa contractual, lo cual conduciría a la violencia y a peleas. Es importante destacar que Rand hizo hincapié en que sus ideas eran meras posibilidades, no respuestas definitivas a la pregunta en cuestión.

(6) Ayn Rand, “La ética objetivista”, en La virtud del egoísmo, p. 16.

(7) Sin duda, si suficientes personas en una sociedad dada dejan de lado toda la lógica y se niegan a financiar un gobierno protector de derechos, entonces simplemente no tendrían uno. No hay nada en el tejido del universo que diga que las personas deben tener un gobierno protector de derechos. Es una elección. Si no hay suficientes personas en una sociedad determinada que decidan financiar tal gobierno, entonces esa sociedad tendría algún otro tipo de gobierno, que podría ser teocrático, socialista, fascista, alguna mezcla de ellos, o alguna mezcla que incluya elementos de libertad (como lo que tenemos en los Estados Unidos hoy). Alternativamente, podrían tener anarquía durante un breve tiempo. Pero en ausencia de un gobierno, las pandillas se formarían y estarían en guerra unas con otras hasta que alguna pandilla ganara el poder suficiente para aplastar a los demás y convertirse en el gobierno de hecho. Así que, en cualquier caso, si no hay suficientes personas en una sociedad determinada que opten por apoyar a un gobierno protector de derechos, entonces esa sociedad eventualmente tendrá un gobierno violador de derechos.

Los anarquistas y otros que se oponen a un gobierno protector de derechos no tendrían que apoyarlo. Tampoco podría el gobierno obligarlos a actuar en contra de su voluntad, siempre que su voluntad no implique el inicio de la fuerza contra nadie. Si ellos iniciaran la fuerza contra personas o empresas, o contra el gobierno (o si amenazaran con hacerlo o parecieran hacerlo), entonces no podían reclamar racionalmente el derecho a ser libres de represalias por parte del gobierno. El derecho a la legítima defensa es un corolario del derecho a la vida, y las personas tienen derecho a delegar su derecho de legítima defensa ante un gobierno. Si alguien reclama un “derecho” a la libertad de poder usar la fuerza como represalia, el gobierno está moralmente justificado en ignorar esa afirmación.

En cuanto a las afirmaciones hechas por algunos de que tienen “derecho” a establecer gobiernos rivales. . . no, no lo tienen, al menos no lo tienen en la medida en que el gobierno actual es esencialmente uno que protege los derechos. Una forma del principio de “llegar a la molestia” se aplica aquí, pero, en vez de ser una molestia, uno está llegando a una bendición. Llamémoslo “llegar al gobierno protector de derechos”. Si un gobierno protector de derechos ya existe, gobernando en un área geográfica determinada, entonces nadie tiene derecho a comenzar un nuevo gobierno en esa área, porque el gobierno legítimo existente estaba allí primero. Y si un gobierno es o se convierte en un gobierno esencialmente violador de derechos, entonces la revolución puede estar justificada. Como lo expresó Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia: “Los gobiernos establecidos desde hace mucho tiempo no deben ser cambiados por causas menores y transitorias; y en consecuencia, la experiencia ha demostrado que los humanos están más dispuestos a sufrir, mientras los males sean tolerables, que a enmendarse a sí mismos mediante la abolición de las formas a las que están acostumbrados. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones que persigue invariablemente el mismo objetivo muestra la intención de dominarlos bajo un despotismo absoluto, entonces es su derecho, es su deber, quitar de en medio a ese Gobierno y conseguir nuevos Guardianes para su futura seguridad”.

(8) Los RAGs pueden ser en papel o electrónicos.

(9) En cuanto a la preocupación de que una empresa pudiese intentar comprar favores del gobierno, en una sociedad libre, (a) eso sería ilegal, y (b) el gobierno no tendría ningún favor que repartir. Si un representante del gobierno fuese sorprendido aceptando dinero de una empresa a cambio de algún favor político prometido, tanto el representante como la empresa serían procesados.

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Por Craig Biddle, Presidente de The Objective Standard

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Publicado por: mayo 3, 2018 12:41 pm

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