Intervención estatal en India: Cómo no combatir la violencia sexual.
Las autoridades indias han anunciado un plan para combatir la violencia sexual en ese país, que consiste en exigir que los fabricantes de teléfonos móviles instalen un botón de pánico en todos los dispositivos nuevos vendidos a partir de enero del 2017, y que todos los terminales que estén en servicio antes del 2018 tengan un GPS instalado.
Pero hay un problema. La mayoría de los terminales vendidos en India son de bajo coste (menos de US$20) y no existe ningún servicio que atienda llamadas de emergencia; por lo tanto, esta medida de hecho resultará inútil para combatir el abuso sexual, y lo único que hará será encarecer el acceso a los terminales por parte de los ciudadanos, sobre todo de aquellos con menos recursos.
El gobierno indio están intentando salvar la cara ante una escalada de violencia sexual que es incapaz de contener, pero lo único que conseguirá con sus nuevas leyes es entorpecer el desarrollo económico y tecnológico de su país.
El papel de un gobierno legítimo es proteger a sus ciudadanos de la violencia física, no imponer normas económicas que obliguen a las empresas a actuar de una cierta forma o a producir bienes de un cierto tipo. Mientras haya libertad en un país, las necesidades que vayan surgiendo serán satisfechas por la iniciativa privada.
Y, como siempre ocurre, la intervención del gobierno es contraproducente, perjudicando a todos y aún más a quienes supuestamente alega beneficiar.
“La única función válida del gobierno de un país libre es actuar como la agencia que protege los derechos del individuo, es decir, que protege al individuo contra la violencia física” — Ayn Rand.
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