El gobierno como entidad protectora de derechos — OPAR [10-2]

Capítulo 10: 

El gobierno como entidad protectora de derechos [10-2]

Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand
(«OPAR») por Leonard Peikoff
Traducido por Domingo García
Presidente de Objetivismo Internacional

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Si una sociedad como organismo organizado ha de proteger los derechos del hombre, los ciudadanos deben crear una entidad con el poder para hacer ese trabajo. Como la fuerza sólo puede ser frenada por la fuerza, tal entidad debe proscribir la coacción, usando ella misma la fuerza contra quienes la detentan. Esa entidad es el gobierno.

«El gobierno», según la definición de Ayn Rand,

«es una institución que tiene el poder exclusivo de hacer cumplir ciertas reglas de conducta social en una zona geográfica determinada». 15

Es obvio que tal poder no puede ser un punto de partida. Un gobierno es una creación social, y la sociedad está hecha de individuos. Cualquier poder del gobierno, por lo tanto, debe derivarse de los poderes de los individuos que hayan creado ese gobierno.

En una sociedad apropiada, el gobierno es el siervo de los ciudadanos, no su amo. Específicamente, es el agente de defensa propia que tiene el hombre. Un agente de defensa propia no puede iniciar la fuerza contra hombres inocentes. Tiene un único poder, un poder que es inherente al derecho a la vida del individuo: el poder de usar la fuerza como represalia y sólo contra aquellas personas (o naciones) que inician su uso.

Por su naturaleza, el gobierno tiene un monopolio sobre el uso de la fuerza. En una sociedad racional, los individuos están de acuerdo en delegar su derecho a la defensa propia; renuncian al uso privado de la fuerza física incluso en defensa propia (excepto durante emergencias que requieran una acción inmediata, antes de poder avisar a la policía). Si una sociedad ha de defender los derechos del hombre, una delegación así es esencial. 16

Si los hombres no delegasen la tarea de la defensa propia a una entidad central, cada individuo tendría que vivir y trabajar armado, listo para dispararle a cualquier desconocido que pareciese sospechoso (y quien a su vez estaría listo para dispararle a él); o, mucho más probable, los hombres formarían pandillas para protegerse a sí mismos de otras pandillas similares, y el resultado sería guerras entre pandillas y el dominio de las chusmas. En cualquiera de los dos casos, una coexistencia pacífica entre los hombres sería imposible.

Fuerza física es el poder de destruir. Una sociedad racional no puede existir si un hombre puede desencadenar una amenaza así contra otros como quiera y cuando quiera. Esto se aplica cualquiera que sea el conocimiento y el carácter del amenazador, esté informado o sea ignorante, sea juicioso o impulsivo, justo o injusto.

«El uso de la fuerza contra un hombre», afirma Ayn Rand, «no puede ser dejado a la decisión arbitraria de otro». 17

Una sociedad debe desterrar del reino del capricho el uso metódico de la fuerza como represalia. Cada aspecto de tal uso debe ser definido de antemano, validado, codificado: bajo qué condiciones la fuerza puede ser usada, por quién, contra quién, de qué formas, hasta qué punto. El uso no arbitrario de la fuerza requiere, en palabras de Ayn Rand,

reglas objetivas de evidencia para establecer que un delito ha sido cometido y para demostrar quién lo cometió, así como reglas objetivas para definir castigos y procedimientos de ejecución. Los hombres que procesan y enjuician delitos, sin tales normas, son una turba de linchamiento. . .

El gobierno es el medio de colocar el uso de la fuerza como represalia bajo un control objetivo, o sea, bajo unas leyes objetivamente definidas.

. . . [Un gobierno] debe ser un robot impersonal, siendo las leyes su único poder motivacional. 18

Si los hombres han de ser libres, necesitan un gobierno de un tipo definido. Tal gobierno es un gobierno de leyes y no de hombres.

Las leyes de una sociedad apropiada son objetivas en cuanto a su validación y, por lo tanto, también en cuanto a su interpretación. 19 Dado que las leyes racionales prohíben solamente delitos definidos en términos de actos físicos concretos (fuerza física), el individuo es capaz de saber, antes de emprender una acción, si la ley la prohíbe o no, y cuáles serán las consecuencias de desobedecerla. El significado de tales leyes es independiente de las pretensiones de cualquiera que las interprete, en cualquier rama del gobierno; puede ser comprendido a partir de la enunciación de la propia ley. Esto supone un marcado contraste con leyes que prohíben delitos que no han sido definidos en términos de actos físicos específicos; por ejemplo, leyes contra «blasfemia”, “obscenidad”, “inmoralidad”, “restricción al comercio» o «ganancias ilícitas». En todos los ejemplos de ese tipo, aunque los términos sean filosóficamente definibles, no es posible saber, a partir de lo que dice la ley, qué actos existenciales están prohibidos. Los hombres sólo podrán adivinar; tienen que intentar entrar en la mente del legislador y adivinar sus intenciones, sus objetivos, sus juicios de valor, su filosofía – todos los cuales, dada la naturaleza de tal legislación, estarán plagados de caprichos. En la práctica, el significado de tales leyes es decidido arbitrariamente, caso por caso, por tiranos, burócratas o jueces, de acuerdo con métodos que nadie, ni siquiera quienes los interpretan, pueden definir o predecir.

Algunas leyes muy específicas son indefendibles, aunque sigan siendo objetivamente definibles; por ejemplo, una ley que prohíba la venta de bebidas alcohólicas. Pero un gobierno propenso a tales leyes no puede legislar un número infinito de concretos; tiene que depender en ciertos puntos críticos de formulaciones abstractas que proceden, en última instancia, de un estándar de ética no-objetivo, tal como la «voluntad de Dios» o el «bien común». En esencia, por lo tanto, la ley de un país así es no-objetiva tanto en lo que respecta a su validación como a su interpretación. El único sistema de leyes que excluye cualquier elemento de lo no-objetivo – lo que no se puede defender y no se puede conocer – es uno que restrinja la legislación a la protección de derechos.

Las leyes no-objetivas contradicen y desafían todas las razones por las que el hombre necesita un gobierno. Tales leyes – en cualquiera de sus variantes, religiosa o social – representan un monopolio en el uso de la fuerza concedido a una entidad gobernada por capricho. Eso significa un gobierno de hombres y no de leyes, es decir, una autorización formal para que el estado devore a los ciudadanos. En tal sociedad, el derecho a la vida queda descartado; los hombres actúan por permiso… y en terror.

Los teóricos y líderes totalitarios, entendiendo este punto, insisten en promulgar códigos legales no-objetivos. Estos hombres no exigen obediencia solamente a edictos conocibles, por malvados que éstos puedan ser; ellos entienden que un individuo aún puede luchar por seguir siendo soberano internamente en tal caso, y someterse solamente en lo externo. El objetivo totalitario es inculcar servilismo – hacer que los ciudadanos pasen sus vidas intentando anticipar el próximo capricho del gobierno – hacer que los hombres se anticipen al cacique y obedezcan sus decretos antes de que éste tenga la oportunidad de promulgarlos. Este es un método más poderoso para quebrantar el espíritu de los hombres que la política de promulgar leyes crueles aunque muy claras.

Volviendo a una sociedad apropiada: la necesidad del hombre de un «gobierno de leyes» se extiende más allá de la cuestión de detener a los criminales. Aunque todo el mundo fuese completamente virtuoso, desacuerdos entre hombres seguirían siendo posibles, porque el hombre no es omnisciente ni infalible. Dos individuos pueden hacer un contrato para intercambiar sus productos, pero, inocentemente, pueden no interpretar los términos de su contrato de forma idéntica. Una persona puede entonces actuar basada en su interpretación, creyendo honestamente que la justicia está de su parte, mientras que la otra honestamente cree que la acción viola sus propios derechos. El inmenso campo del derecho civil indica la amplitud y los tipos de discrepancias que son posibles entre no-delincuentes.

Esto nos lleva a una función esencial del gobierno: la de proteger y hacer cumplir los contratos, incluyendo la resolución de disputas originadas por ellos: su resolución imparcial, de acuerdo con leyes objetivamente definidas. Bajo tal sistema, ninguna de las partes necesita (o puede) decidir unilateralmente que ella es una víctima con derecho a emprender acción física para reparar sus intereses. Aquí de nuevo el gobierno actúa para defender los derechos de los hombres y así prevenir cualquier uso arbitrario de la fuerza física. Unos tribunales civiles apropiados, observa Ayn Rand, son “la necesidad más crucial de una sociedad pacífica».

Los delincuentes son una pequeña minoría; la protección contractual de emprendimientos honestos, sin embargo, es una necesidad cotidiana de la vida civilizada. 20

El objetivo del gobierno es impedir que los hombres usen la fuerza física contra otros por cualquier razón: en parte, protegiendo a los hombres de agresores nacionales o extranjeros; en parte, resolviendo imparcialmente disputas relacionadas con los derechos de los hombres.

Este objetivo implica tres y solamente tres funciones gubernamentales. Según afirma Ayn Rand, esas tres funciones son: «la policía, para proteger a los hombres de criminales; las fuerzas armadas, para proteger a los hombres de invasores extranjeros; los tribunales de justicia, para resolver disputas entre los hombres de acuerdo con leyes objetivas». 21 Cualquier función adicional necesariamente supone que el gobierno está iniciando la fuerza contra ciudadanos inocentes. Tal gobierno estaría actuando, no como protector del hombre, sino como un criminal.

El Gobierno es algo inherentemente negativo. El poder de forzar es el poder de destruir, no de crear, y debe ser usado en consecuencia, es decir, sólo para destruir la destrucción. 22 El que una sociedad inyecte este poder en cualquier campo creativo, espiritual o material, es una contradicción letal: es tratar de usar la muerte como medio para sustentar la vida.

Lo anterior significa, en primer lugar, que el Estado no debe intervenir en la vida intelectual o moral de sus ciudadanos. El Estado no tiene estándares que defender ni beneficios que otorgar en lo que respecta a educación, literatura, arte, ciencia, sexo (mientras sea adulto y voluntario) o filosofía. Su función es proteger la libertad, no la verdad o la virtud.

El derecho a pensar y a actuar como uno decida incluye necesariamente el derecho a decidir erradamente, ya sea por ignorancia o por evasión (y luego sufrir las consecuencias). Un individuo que es libre de decidir sólo lo que el gobierno autoriza como siendo correcto no tiene libertad. Un gobierno apropiado está basado en una filosofía determinada, pero no puede desempeñar ningún papel en promover esa filosofía. Tal responsabilidad le pertenece a ciudadanos privados, quienes pueden mantener el sistema correcto sólo ejerciendo una «eterna vigilancia (ideológica)”. Si la entidad que tiene un monopolio sobre la coacción empieza a forzar ideas, las ideas que sean, verdaderas o falsas, con ello invierte su función; se convierte en el enemigo, no en el protector, de la mente libre, y con eso pierde su justificación moral de existir.

En los enfoques intrinsicista o subjetivista a la filosofía, la virtud (junto con la verdad, la belleza y todos los demás valores humanos) está divorciada de la mente, y por lo tanto sólo puede ser lograda por medio de la fuerza. En el enfoque objetivo, fuerza y valor son opuestos. La meta de una sociedad apropiada, según eso, no es imponer la verdad o la virtud (lo cual sería una contradicción en términos), sino hacerlas posibles, asegurando que a los hombres se les deje libres.

Por la misma razón, el Estado no debe intervenir en otro aspecto de la vida intelectual de los hombres: el ámbito de la producción y el comercio. El Estado no debe intervenir para proporcionarles a los hombres estándares o beneficios económicos, sea en lo que respecta a bienes, servicios, o condiciones de comercio. Un gobierno apropiado ofrece poder estar libre de coacción (incluyendo el fraude), pero no de la responsabilidad de sustentarse a sí mismo. Protege a los hombres de ladrones, estafadores y asesinos, pero no de la realidad o de la necesidad de crear valores por la propia mente y el trabajo de uno. Los políticos, por lo tanto, no deben tener nada que ver con producción o distribución; no están autorizados a construir, administrar o regular escuelas, hospitales, servicios públicos, carreteras, parques, oficinas de correos, ferrocarriles, fábricas de acero, bancos, y cosas por el estilo; y tampoco están autorizados a crear subsidios, franquicias, protección arancelaria, seguros sociales, niveles de vida mínimos, leyes de salario mínimo para trabajadores, leyes de igualdad para agricultores, leyes de uso de información privilegiada para inversores, leyes de precio justo para consumidores, etc. Nadie excepto su creador puede disponer de los productos de su pensamiento o determinar el proceso de crearlos. En este campo, como en cualquier otro, el objetivo de una sociedad apropiada es lo contrario a la compulsión. Aquí, también, el objetivo es hacer que un valor (en este caso, la riqueza) sea posible: por medio de la protección de la libertad.

Incluso en lo que respecta a sus funciones legítimas, un gobierno puede no estar justificado en iniciar la fuerza. Debe operar las cárceles y las instalaciones militares, pero no puede exigir que los hombres sirvan en la policía o en las fuerzas armadas contra el propio juicio de ellos, ni puede financiar sus actividades expropiando propiedades sin el consentimiento de los propietarios. (Los métodos racionales de financiación de un gobierno son analizados por Ayn Rand en el capítulo 15 de La Virtud del Egoísmo).

En una sociedad apropiada, los ciudadanos tienen derechos pero el gobierno no. El gobierno actúa por permiso, como queda expresado en una constitución escrita que pone límites a los funcionarios públicos con funciones y procedimientos definidos. El primer y mejor ejemplo de este enfoque fue el sistema norteamericano original, con su brillante e ingenioso mecanismo de controles y contrapesos. Hay algunas contradicciones en la Constitución americana; en esencia, sin embargo, su objetivo era proteger al individuo de dos posibles tiranos: del gobierno y de las masas. El sistema fue diseñado para frustrar el ansia de poder de cualquier aspirante a dictador, y de cualquier pasión momentánea y corrupta por parte del público en general.

La Declaración de la Independencia y la Constitución americanas son los mayores logros en la historia política, y deslumbraron al mundo durante más de un siglo, hasta que fueron superadas por una ideología externa. Ningún sistema político, por muchas garantías que incorpore internamente, puede sobrevivir a la atrofia – en la mente de los intelectuales – de su filosofía básica.

El sistema estadounidense, como ha sido a menudo declarado por los conservadores, no era una democracia, ni representativa ni directa, sino una república. (Uso estos términos de la forma como lo hicieron los Padres Fundadores). «Democracia» significa un sistema de dominio ilimitado de la mayoría; «ilimitado» significa: sin estar restringido por los derechos individuales. Tal planteamiento no es una forma de libertad, sino una forma de colectivismo. Una «república», por el contrario, es un sistema limitado a la protección de los derechos. En una república, el dominio de la mayoría se aplica sólo a algunos detalles, como a la selección de ciertos miembros del personal.

Los derechos, sin embargo, siguen siendo un absoluto; es decir, los principios que rigen a un gobierno no están sujetos a voto.

El «consentimiento de los gobernados” es la fuente de poder de un gobierno, puesto que el gobierno es un agente de sus ciudadanos. 23 Pero eso no significa que los ciudadanos puedan delegar poderes que ellos no poseen. No significa que cualquier cosa en lo que los gobernados consientan sea por ello apropiada, o una función apropiada del gobierno – lo cual sería subjetivismo puro y colectivismo. En una república, los gobernados no pueden legítimamente agredir a un conciudadano inocente, no pueden hacerlo de ninguna manera, incluso aunque la nación consienta en ello y sin que haya ninguna voz disidente.

La fuente de poder de un gobierno no es un consentimiento arbitrario, sino un consentimiento racional, basado en un principio objetivo. El principio es: los derechos del hombre.

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Referencias

Obras de Ayn Rand en versión original: Ayn Rand Institute
Obras de Ayn Rand traducidas al castellano: https://objetivismo.org/ebooks/

Al referirnos a los libros más frecuentemente citados estamos usando las mismas abreviaturas que en la edición original en inglés: 

AS     (Atlas Shrugged) – La Rebelión de Atlas
CUI    (Capitalism: The Unknown Ideal) – Capitalismo: El Ideal Desconocido
ITOE (Introduction to Objectivist Epistemology) – Introducción a la Epistemología Objetivista
RM    (The Romantic Manifesto) – El Manifiesto Romántico
VOS   (The Virtue of Selfishness) – La Virtud del Egoísmo

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Notas de pie de página

Las notas de pie de página no han sido traducidas al castellano a propósito, pues apuntan a las versiones de los libros originales en inglés (tanto de Ayn Rand como de otros autores), algunos de los cuales ni siquiera han sido traducidos, y creemos que algunos lectores pueden querer consultar la fuente original. Los números de las páginas son de la edición del libro de bolsillo correspondiente en la versión original.

Capítulo 10 [10-2]

13.   See The Virtue of Selfishness,«Man’s Rights,» p. 95, and «The Nature of Government,» p. 108.
14.   Atlas Shrugged, pp. 985-86.
15.   The Virtue of Selfishness,«The Nature of Government,» p. 107.
16.   See ibid., pp. 108-9.
17.   Ibid.
18.   Ibid., p. 109.
19.   See ibid., p. 110.
20.   Ibid., pp. 110-11.
21.   Ibid., p. 112.
22.   See Atlas Shrugged, p. 950.
23.   See The Virtue of Selfishness,«The Nature of Government,» p. 110.

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